En cinco ediciones, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha documentado decenas de casos de desaparición, gestionado y promovido la toma de muestras de ADN en coordinación con las instancias responsables, hallado restos óseos e incluso identificado personas desaparecidas cuyos cuerpos podrán ser devueltos a sus seres queridos.
Este domingo 10 de octubre arrancó la VI Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que en esta ocasión tendrá actividades en 14 municipios del estado de Morelos.
Publicado originalmente el día 14 de octubre de 2021, en «La lucha cotidiana de los derechos humanos».
La Brigada Nacional es la iniciativa impulsada por la Red de Enlaces Nacionales (REN) para abrazar y articular a las y los familiares que, en una digna y legítima expresión de autotutela de derechos negados, buscan con sus propios recursos a sus seres queridos desaparecidos.
La VI Brigada se encuentra ya desplegando la propuesta integral de búsqueda que ha ido desarrollando y enriqueciendo a lo largo de las pasadas ediciones. Aunque una gran parte de la atención se dirija a los hallazgos de sitios de inhumación clandestina, existen otros ejes de trabajo que en conjunto persiguen la colaboración de las y los habitantes de los lugares donde se interviene para encontrar a las personas desaparecidas, construir la paz y reconstruir el tejido social.
Estos ejes son: 1) búsqueda en campo; 2) identificación forense; 3) búsqueda en vida; 4) escuelas; 5) trabajo con comunidades eclesiales y de fe; 6) sensibilización a autoridades y fuerzas de seguridad locales, y 7) sensibilización en espacios públicos.
Así, las familias recopilan información en hospitales y cárceles; hablan con integrantes de comunidades religiosas; imparten pláticas de sensibilización a estudiantes, autoridades y público en general; ayudan a las personas a saber cómo denunciar una desaparición y las acercan a colectivos de su zona; revisan los archivos de los servicios médicos forenses, y buscan en puntos donde es probable hallar restos humanos. Todas ellas, labores que las autoridades podrían y deberían realizar por iniciativa propia.
Entre los logros obtenidos a lo largo de las cinco ediciones anteriores de la Brigada Nacional se puede contar la documentación de decenas de casos de desaparición, la gestión y promoción de toma de muestras de ADN en coordinación con las instancias responsables, el hallazgo de restos óseos e incluso la identificación de personas desaparecidas cuyos cuerpos podrán ser devueltos a sus seres queridos. Además, por supuesto, de impactos más profundos, como aquellos que puedan derivar de las charlas de sensibilización con la población.
Las Brigadas funcionan también como una radiografía de la situación que enfrentan las zonas donde se interviene en cuanto a la desaparición y a la respuesta de las instituciones ante ella.
Siendo uno de los estados más pequeños del país, Morelos cuenta en registros oficiales con 1,040 personas desaparecidas, mientras que en los servicios forenses hay más de 600 cuerpos sin identificar. Como en otros estados, las familias denuncian inacción para investigar las desapariciones y una continua revictimización. Pero además, entre 2016 y 2017, personas que buscaban a sus familiares desaparecidos lograron que en Tetelcingo y Jojutla se exhumaran decenas de personas sin identificar que habían sido sepultadas en los “panteones ministeriales” del estado sin seguir los mínimos protocolos que permitieran su posterior identificación, por lo que los colectivos las denominaron “fosas ilegales del Estado”.
Como ha sucedido en Morelos, a lo largo de todo el país han sido los familiares -sobre todo, las madres, hermanas, abuelas, hijas- quienes han investigado, recopilado información, arriesgado su integridad y puesto todos sus recursos para rastrear en la tierra, las cárceles, los servicios forenses, las calles y los hospitales, en busca de quienes les fueron arrebatados.
Si bien se han dado pasos relevantes en acciones impulsadas a nivel federal, las desapariciones siguen ocurriendo al tiempo que las resistencias institucionales siguen arraigadas e impiden el desarrollo de una verdadera política de Estado ante la crisis. Destacadamente, las fiscalías siguen rehuyendo sus responsabilidades y evaden implementar los cambios y mecanismos necesarios para encarar el desafío. Muestra clara de ello es que aun cuando desde 2017 la Ley General en Materia de Desaparición ordenó la creación de varios instrumentos relevantes para buscar a las personas desaparecidas, tales como un Banco Nacional de Datos Forenses, estos aún no existen.
La presencia de la Brigada en Morelos vuelve a poner el dedo en el renglón. Como han recordado las familias, con desapariciones no hay transformación de fondo posible.